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Una Cancillería desvirtuada #adessonews

29 DE Agosto 2022 – 02:38

En sus orígenes, los cancilleres eran los funcionarios que resguardaban el sello de los monarcas y las autorizaciones de los privilegios e inmunidades de la época. A partir de los siglos XV y XVI aproximadamente, los cancilleres asumieron la función de gestionar las relaciones exteriores del Estado y encabezar el servicio diplomático correspondiente. Hasta el siglo XX se manejaron de una manera prácticamente autónoma y son sobrados los ejemplos de la impronta que dejaron en la política exterior de sus respectivos Estados. La segunda Revolución Industrial y el creciente “achicamiento” de los espacios geográficos a raíz de la modernización de los medios de comunicación fueron diluyendo ese virtual monopolio que ejercían pues, la revolución científica y tecnológica dio paso a la denominada “diplomacia presidencial”, es decir, a una participación más activas de los jefes de Estado en los asuntos exteriores ya sea en congresos, reuniones o comunicaciones directas. Los cancilleres mantuvieron, por supuesto, sus roles de principales asesores de los jefes de Estado en materia de política exterior y siguen siendo los responsables máximos en esos ámbitos de actuación y, por lo tanto, tienen la responsabilidad ejercer sus funciones adecuadamente y sin comprometer a los países ni con sus acciones ni con sus opiniones.

Recientemente, a través de la Cancillería argentina, se gestionó una carta firmada por los presidentes en ejercicio de Argentina, México, Colombia y Bolivia en las que brindan un férreo apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández ante el pedido de condena realizado en el juicio por el cual es imputada de haber cometido delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita por el direccionamiento presunto de la obra pública en Santa Cruz. Más allá de que este hecho -en relación con los tres mandatarios extranjeros- podría ser criticado por constituir una vulneración al principio de no intervención en los asuntos de otro país -principio que por cierto fue un estandarte recurrente en América Latina-, la carta mencionada contiene una furibunda crítica a uno de los poderes del Estado cuya independencia es esencial para el funcionamiento de una auténtica república. Los cuatro mandatarios expresan que existe una “persecución judicial” en contra de la vicepresidenta de Argentina y denuncian la presencia de “irregularidades” en el proceso judicial. No es extraño que los mandatarios de un país se expidan sobre las políticas de otros mandatarios; lo que sí es muy poco habitual y peligroso para el sistema republicano es que se expidan sobre uno de los otros dos poderes que, entre sus prerrogativas, tienen el deber de controlar al Ejecutivo. Por ello, que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ocupe de canalizar este tipo de expresiones desnaturaliza su función como instituto encargado de vincular al Estado con otros en la consecución de sus intereses nacionales, en uno que está al servicio de los intereses personales de una funcionaria pública que pertenece al mismo sector político partidario.

Por si esto fuera poco, su cabeza, el ministro Cafiero, a través de una red social se trenzó en una polémica de poca altura con parlamentarios de Brasil y Estados Unidos. Lo habitual es que los cancilleres, desde sus puestos, morigeren los conflictos que a veces generan otros funcionarios, inclusive los jefes de Estado, y traten de conducir las relaciones del país con “diplomacia”, es decir, cordialmente, sin que ello signifique renunciar a los objetivos del país al que representa y frente al cual es responsable. Lamentablemente, no resulta extraño ver cómo, en los últimos tiempos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país tiende a parecerse más a la unidad básica de un partido político en el que, desde un ciego ideologismo y con actuaciones de tinte electoralistas, se ha decidido renunciar a su función primigenia de representar a los intereses del país más allá de las ideologías e intereses particulares de quienes coyunturalmente están ocupando cargos públicos de la máxima jerarquía.

 

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